Escuelas Católicas Cantabria

Escuelas Católicas quiere contribuir a la mejora de la educación en España y lo va a hacer de manera más visible a lo largo de este curso escolar 2019-20, resaltando el valor de la escuela concertada y su aportación a la educación española. Para ello, y asumiendo su obligación de comunicar a la sociedad con honradez y con la necesaria transparencia informativa, ofrecerá argumentos y datos que contribuyan a conocer cómo es realmente esta escuela, cómo son sus maestros o cómo gestiona los recursos económicos, entre otros aspectos.

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I Congreso de Educadores Cristianos, que se celebrará el 18 y 19 de octubre de 2019 en la Fundación Botín (sala Pedrueca)

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Nuevos cursos de iniciación y calendario de los mismos.

Folleto informativo

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Escuelas Católicas presentó el 4 de abril en su Asamblea anual “Escuela Evangelizadora”, un libro que quiere servir para ayudar a los centros a diseñar y desarrollar proyectos educativos evangelizadores, conscientes de la necesidad hoy de adaptar la evangelización al nuevo contexto cultural, social, político, etc.

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La entrada en vigor el pasado 12 de mayo de la obligatoriedad del registro horario diario de la jornada laboral de todos los trabajadores afecta también a los centros educativos. Para regular y facilitar a los colegios dicho registro, la mayoría de las organizaciones negociadoras del VI Convenio Colectivo de la Enseñanza Concertada (Escuelas Católicas -EyG-, CECE, FEDACES, APSEC, USO, FeSP-UGT, CC.OO. y CIG) firmaron el 6 de junio un acuerdo, de eficacia general, con objeto de fijar los criterios generales de aplicación. Solo FSIE se ha quedado fuera.

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El Tribunal Superior de Justicia de Aragón, con fecha de 24 de mayo, ha dado la razón al Colegio Teresiano del Pilar de Zaragoza, anulando la reducción de unidades de Educación Infantil aplicada en 2017. El Tribunal justifica su decisión, basada en reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, en la defensa de la “complementariedad de las dos redes” (pública y concertada) en plano de igualdad y en la libertad de elección de los padres, otorgando relevancia al criterio de demanda social. Argumenta asimismo que, de eliminarse la demanda social como criterio de programación, las administraciones estarían vulnerando el espíritu del artículo 27 de la Constitución. Según la sentencia, las necesidades de escolarización se acreditan con la demanda social del centro, es decir, con las solicitudes de admisión que reciben, en base al derecho de elección que ejercen las familias.